CIUDAD DE MÉXICO, 16 de junio de 2025 – Dirigentes y legisladores del PRI presentaron ante el Instituto Nacional Electoral una impugnación para anular los comicios judiciales del país. Encabezados por su dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas, expuso que el proceso para elegir jueces, magistrados y ministros constituyó un ejercicio amañado, dirigido y manipulado desde el oficialismo.

El dirigente manifestó reveló que el recurso legal exhibe una operación criminal de manipulación electoral sin precedentes en la historia judicial de México, «no vamos a permitir que se consume este fraude que pretende entregar el Poder Judicial al capricho del oficialismo y sus operadores criminales», declaró categóricamente Moreno Cárdenas durante la presentación de la impugnación.

El dirigente nacional del PRI documentó la amplia difusión de acordeones a lo largo del país para promover a personajes ligados al oficialismo, lo cual implicó que no existiera independencia en el voto ni en los electos. La evidencia presentada demuestra que estos acordeones coincidían en la mayoría de los casos confirmando que los electos llegaron por esta vía manipulada.

Moreno Cárdenas enfatizó que la impugnación busca la anulación total debido a que no hubo libertad de los votantes ni voto informado, además de que el proceso reveló personajes ligados tanto al oficialismo como a líderes criminales de la delincuencia organizada. El líder priista calificó el proceso como «una burla a la democracia y una amenaza directa al Estado de Derecho».

La Diputada Veracruzana Lorena Piñón Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, participó en el evento adhiriendo su firma a la impugnación como ciudadana. «Como ciudadana comprometida con la democracia, respaldo esta impugnación porque no podemos permitir que se destruya la independencia judicial», declaró Piñón Rivera.

La impugnación cobra relevancia considerando que la Organización de Estados Americanos emitió pronunciamientos críticos sobre el proceso, calificándolo como un procedimiento opaco diseñado para menoscabar la independencia judicial. La impugnación se sustenta en violaciones al artículo 17 constitucional y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, representando un momento crítico donde la defensa institucional trasciende diferencias partidistas.